Juan Grandía es veterinario especialista en porcino, presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino (ANAVEPOR) y director técnico de Agro-Test-Control

La primera normativa específica para la lucha frente a la enfermedad de Aujeszky se plasmó en el RD 245/1995, que establecía la vacunación obligatoria de todo el ganado porcino con vacuna gI negativa, pero fue en el 2003 cuando se inició “oficialmente” la lucha contra la enfermedad con la publicación del RD 247/2003 que establecía las bases del programa coordinado de lucha, control y erradicación de la enfermedad.
Hasta el año 2005 no se publicaron los primeros datos sobre prevalencia colectiva en España, recogidos en todo el territorio nacional a excepción de cinco comunidades autónomas en las que las fracciones de chequeo fueron ciertamente reducidas.

Un punto de partida
Este momento fue importante no sólo para la lucha contra la enfermedad sino para la actualización de censos de las explotaciones y animales presentes en España. Ya se constató entonces un cambio sustancial en la estructura del sector con el cese de actividad de gran número de explotaciones pequeñas.
Se constató de igual forma la diferencia existente en cuanto a prevalencias colectivas entre las distintas comunidades autonómicas según el censo de animales: muy alta en zonas de alta densidad y baja en regiones de poco censo. Incluso dentro de la misma comunidad los porcentajes podrían moverse, como en Aragón, entre el 0% en la zona de Sos del Rey Católico y superiores al 70% como en Tamarite de Litera. El panorama era parecido en muchas otras comunidades.
Hasta ese momento, la lucha frente a la enfermedad dependió exclusivamente de la voluntad del ganadero, de las ADS y de las empresas del sector de producción. Cuando en otros países se pensaba en la enfermedad como un arma política para limitar la entrada de animales a sus territorios, en gran parte de España se estaban actualizando registros de explotaciones existentes y decidiendo qué vacunas utilizar.

El largo camino recorrido
Desde entonces y hasta ahora el esfuerzo ha sido notable y los resultados lo han reflejado. La publicación del RD 636/2006 ayudó considerablemente. Se empezó a hablar de zonas de baja prevalencia colectiva (menos del 10%) con restricciones de movimientos de zonas de alta a baja prevalencia.
Alrededor del 75% del territorio nacional se situó como zona de baja prevalencia. En 2007, las solicitudes de calificación de explotaciones de reproductoras indemnes a la enfermedad de Aujeszky fueron masivas, aunque el número de explotaciones calificadas en distintas zonas del territorio era muy dispar. Poco a poco se tomaban medidas de protección hacia explotaciones calificadas o en vías de calificación. Se forzaba, así, la calificación de explotaciones vecinas o de granjas cuyos animales iban destinados a ser cebados en zonas de baja prevalencia o a las explotaciones calificadas.
Ya en el año 2007 se inició de forma oficial el trabajo con los cebaderos, estableciendo a nivel nacional y dentro de cada comunidad chequeos obligatorios en función de las prevalencias de granjas reproductoras.
Sin embargo, el hecho de que cada comunidad pudiera establecer programas autonómicos más restrictivos ha hecho, como en el caso de Aragón y otras comunidades, que la situación epidemiológica evolucionase rápidamente de manera muy favorable a pesar de ser una de las comunidades con mayor censo porcino de todo el estado.
Así se refleja en la reciente inclusión de Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y diversas provincias de Castilla y León y Canarias en la lista del anexo II de la Decisión 2008/185/CE. Para Aragón la orden de 21 de febrero de 2008 del Departamento de Agricultura de la DGA publica las áreas calificadas a la enfermedad, que se corresponden con 47 de las 49 OCAS existentes en la comunidad autónoma, quedando las dos restantes como de baja prevalencia.

Muy cerca del final
La resolución de febrero de 2008 de la Dirección General de Ganaderia publicó todas las comarcas de baja prevalencia de España, pero fue la publicación realizada desde el MARM en diciembre del 2008 la que confirmó que de las 495 comarcas ganaderas en las se divide el territorio nacional, sólo seis de ellas tienen una prevalencia de reproductoras mayor al 10%.
Queda pendiente la inclusión de todo el territorio nacional, a excepción de esas seis comarcas, en el anexo II para estar en parecidas condiciones a nuestros competidores europeos. ¡PODEMOS!