Según informa El País en su edición digital, la nueva ley se gestó en torno a dos ejes: la creación de la Agencia Estatal de Investigación y la carrera científica. Respecto a agencia, aún no creada, el documento aprobado la menciona como agente de financiación de las actividades de I+D, junto el ya existente Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, orientado a las nuevas tecnologías y la innovación.
Se diseña una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer el talento científico, dijo Fernández de la Vega. Sin embargo, el proceso de elaboración de la ley ha generado indiferencia, críticas o rechazo en el entorno de I+D. Para la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) no afronta los verdaderos problemas de la ciencia española.
La Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios pidió un pacto de Estado por la ciencia y denunció su marginación por parte de Ciencia y Tecnología en la elaboración de la ley. Los sindicatos, que han mantenido las negociaciones con el ministerio hasta última hora, también han rechazado el último borrador al no ver satisfecha su reivindicación de creación de una carrera profesional para tecnólogos y gestores del sistema de ciencia.
La noticia publicada por El País explica que el anteproyecto agrupa las actuales diferentes escalas funcionariales de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) en tres únicas escalas:

• profesor de investigación,
• investigador científico
• y científico titular, facilitando así la movilidad.

Al esquema funcionarial se añaden el contrato laboral de cuatro años para hacer la tesis doctoral y el de acceso a la carrera científica. Este último será un contrato laboral de cinco años como máximo, mientras que en el primer borrador era "de duración indefinida".
Estos dos nuevos tipos de contratos depende de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público. Los investigadores de las universidades públicas se rigen por la LOU, especifica el anteproyecto. Una novedad es el contrato de investigador distinguido para altos cargos del sistema de I+D. El anteproyecto incorpora instancias de coordinación con las comunidades autónomas, anuncia la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, establece un Comité de Ética de las prácticas científicas y desarrolla mecanismos que faciliten la transferencia de tecnología, concluye la información de El País.