El Colegio de Veterinarios de Madrid ha informado de que su presidente, Felipe Vilas, ha dirigido una carta a Marta García de la Calzada, vicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, para que se rectifique un estudio que el Tribunal aprobó el pasado septiembre.

Este estudio, hecho público a través de los diarios Expansión y Cinco Días, del que García de la Calzada fue ponente y cuyo título es “Una reforma incompleta desde el punto de vista de la defensa de la competencia”, defiende que no se debería mantener la colegiación obligatoria para ejercer la profesión veterinaria. Así se indica en la página 14 del estudio, según la carta de Vilas.

El presidente del Colegio indica en su carta que “resulta absolutamente indispensable aclararle que concurren razones más que sobradas precisamente para mantener el posicionamiento contrario, es decir, para mantener que la profesión veterinaria debe ser una en las que persista la obligatoriedad de colegiación”.

Vilas cita la Ley Ómnibus, en la que se explica que el futuro proyecto de Ley de Servicios Profesionales deberá prever la colegiación “en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud”. También indica que la profesión veterinaria es una profesión sanitaria, según se cita en los artículos 4 y 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, por lo que “cumple relevantes funciones en beneficio del interés general en materia de salud pública y seguridad alimentaria de los consumidores”.

Hace referencia asimismo a la actividad de los veterinarios en los centros de atención a pequeños animales: “Igual de relevante es la función de prevención que estos profesionales realizan en relación a las zoonosis”.

Y también hace hincapié en la labor veterinaria en la protección del medio ambiente, tanto en la vertiente del almacenamiento y eliminación de residuos ganaderos como del cuidado de la biodiversidad y especies protegidas de la fauna salvaje.
“A su vez la OIE”, afirma Vilas en su carta, “exige que los países integrantes [de esa organización] deben disponer de unos estándares de calidad para participar en el comercio mundial de los productos de origen animal, que deben ser evaluados a través de los servicios veterinarios de cada país, atribuyendo a los Colegios Veterinarios, como organismos profesionales estatutarios, la regulación de la calidad de la profesión y la deontología”.

Para concluir, Vilas dice en su misiva a la vicepresidenta del Tribunal que el estudio “nos ha causado honda preocupación y malestar, y creemos que desconoce los argumentos que se le acaban de exponer, que estamos seguros conducirán a la rectificación o aclaración de tal posicionamiento, que a través de esta comunicación le solicito en representación del colectivo veterinario”.