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Fesvet se opone al proyecto de Decreto para la creación del Auxiliar Oficial de la Inspección Veterinaria en Aragón

miércoles 04 de julio de 2018, 12:43h
Fesvet se opone al proyecto de Decreto para la creación del Auxiliar Oficial de la Inspección Veterinaria en Aragón

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) pide a todas las organizaciones veterinarias que se posicionen en contra del texto de este proyecto ya que, tal y como está redactado, supone una agresión directa hacia la profesión.

José Fernández Romojaro
Vicepresidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios.

Estos días se ha dado a conocer el proyecto de un nuevo Decreto en la comunidad autónoma de Aragón que pretende amparar legalmente la sustitución parcial del Inspector Veterinario Oficial en mataderos. Se trata de sustituir esta figura por un trabajador de la empresa privada habilitado para algunas de sus labores mediante una formación muy inferior a la requerida para este tipo de trabajo.

La figura del Inspector Veterinario Oficial en mataderos

Mucha gente ajena al sector desconoce que la inspección oficial veterinaria en mataderos es un trabajo médico forense que requiere una alta cualificación y una gran experiencia. El veterinario, que es un profesional sanitario de alto nivel con grandes conocimientos y aptitudes, analiza la posible presencia de cualquier signo que pueda hacer sospechar de alguna enfermedad o contaminación transmisible al hombre antes de su sacrificio. Tras su muerte, el facultativo revisa todas las partes del animal para confirmar o descartar la existencia de algún tipo de riesgo sanitario.

Pese a todo este esfuerzo, el trabajo es tan exigente que no es posible detectar todos los riesgos para la salud asociados a la vida animal. Como consecuencia, aún encontramos casos de graves enfermedades transmitidas al hombre por esta vía, como puede ser la cisticercosis humana, que recientemente ha sido objeto de debate, las infecciones e intoxicaciones por Salmonella, Campylobacter o Escherichia coli enterotoxigénica, u otras sobradamente conocidas cómo puede ser la triquinosis o el quiste hidatídico.

Tal es la exigencia de este trabajo y su importancia en la Salud Pública, que desde Fesvet y otros organismos especializados y asociaciones científicas, se ha insistido en la necesidad de crear una especialidad en Ciencias de la Salud para los veterinarios dedicados a la protección de la Salud Pública en el ámbito de la seguridad alimentaria y las zoonosis; así, estos puestos quedarían cubiertos por facultativos con unos conocimientos y experiencia superiores a los que posee la media de la profesión.

El nuevo proyecto de Decreto

Este Decreto, disfrazado de la pretensión de crear un ayudante para el Inspector Veterinario, lo que intenta realmente es sustituirlo, o lo que puede que sea incluso peor, degradarlo en su condición.

Este documento, en el punto 1.b de su artículo 7, determina que el Auxiliar Oficial de la Inspección Veterinaria (AOIV) podrá hacer las inspecciones post mortem con la única condición de que los Servicios Veterinarios Oficiales controlen “periódicamente” sus tareas. La inspección post mortem, como hemos señalado, es un acto médico de lo más estricto, que requiere la interconexión de infinidad de conocimientos y experiencias especializadas, sobre la base de una potente formación universitaria. No es admisible que nadie que no sea un graduado en veterinaria dictamine si una canal es apta para consumo o no. Este Proyecto de Decreto pretende habilitar trabajadores mediante unas “pruebas tipo test o cuestiones a desarrollar” como señala en el punto 1 del artículo 22.

Foto: CC licensed by BlackRiv.

¿A quién habilita como AOIV este proyecto de Decreto?

En el punto 2 del artículo 22, en el que habla de la habilitación de los AOIV, dice en su apartado 2.a que se entenderán directamente habilitados como auxiliares “los Licenciados o Graduados en Veterinaria o Ciencia y Tecnología de los Alimentos”.

Cualquiera que lo lea de forma rápida y superficial, puede entender que esto es una ventaja para ciertos veterinarios que pueden estar buscando trabajo y directamente están habilitados para hacer de ayudante del Inspector Oficial; sin embargo, este apartado es un torpedo en la línea de flotación de la Veterinaria. Lo primero que hace es habilitar directamente a los Licenciados o Graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos para hacer un trabajo de médico forense para el que no tienen cualificación ni son legalmente competentes.

En resumen, por mucho que los promotores y creadores de este proyecto de Decreto quieran justificar que el control sigue en manos de la Inspección Veterinaria Oficial, el examen post mortem y la decisión de la aptitud o no para el consumo de la canal los llevaría a cabo el auxiliar; mientras que el control del veterinario quedaría relegado solamente a auditorías periódicas.

Otras posibles consecuencias del proyecto

Todos estos cambios abren la posibilidad a que un veterinario pueda ser contratado para hacer trabajos puramente veterinarios pero con una categoría de ayudante y, por lo tanto, con unas condiciones laborales muy inferiores.

El coste del Inspector Veterinario Oficial de matadero, por ley, ha de repercutir en la empresa privada que lo gestiona. Con este fin existen unas tasas oficiales que, si se respetan, deberían cubrir el gasto generado a la Administración por estos servicios. Si los lobbies de la industria cárnica consiguen sacar adelante este decreto conseguirían, con la disculpa de abaratar los costes de la inspección veterinaria, introducir empresas privadas (que siempre responderán a intereses privados por muy habilitadas que estén por la Administración) en la Inspección de Salud Pública.

Aunque la habilitación así figura en el Decreto, en el punto 2 del artículo 6 se entiende que los mataderos elegirán, de entre las empresas habilitadas por la Administración, la que más les interese. Si tenemos una empresa privada que inspecciona y un inspeccionado que elige inspector (aunque sea de una lista cerrada) es obvio que existirá un conflicto de intereses en la empresa habilitada que quiere, por supuesto, volver a ser elegida. Y todo conflicto de intereses puede suponer un daño colateral para la Salud Pública.

Foto: CC licensed by overo.

Además, el punto 1.b del artículo 22 también equipara de alguna forma otras titulaciones menores y no universitarias con el veterinario, al habilitarlas también directamente como auxiliares de inspección.

Una vez llegados a este punto del análisis de este Proyecto de Decreto, parece fácil llegar a la conclusión de que ningún veterinario puede estar a favor de la aplicación del mismo, salvo que esté muy desinformado o tenga intereses particulares que priorice frente a los generales de su profesión.

La posición de Fesvet

En una situación de plétora profesional debido a la inacción de nuestra profesión frente a intereses particulares que han fomentado la aparición de un exceso de facultades, no podemos, de ningún modo, permitimos el lujo de dejar que, siquiera se plantee, el hecho de que uno de los trabajos veterinarios más importantes para la Salud Pública, pueda ser realizado por alguien que no sea uno de nuestros sanitarios.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, reza en el punto “d” de su artículo 6 que “corresponde a los veterinarios (y cuando dice corresponde quiere decir que les compete en exclusividad) el control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal”. Por el contrario, este Decreto pretende sustituir al veterinario en el acto médico sanitario más determinante para la Salud Pública de dicho control. Simplemente inconcebible.

La posición de Fesvet a este respecto es que, si en Aragón la industria cárnica prevé un fuerte desarrollo (como dice la introducción del Decreto), es también previsible que genere unos beneficios económicos proporcionales. Por lo tanto, lo que se debe hacer es calcular la necesidad de Inspectores Veterinarios Oficiales y dotar esas plazas ya que, si la imposición de tasas es correcta, no deberían generar una carga pública. Por otra parte, la profesión y la Salud Pública saldrían reforzadas, y no seriamente dañadas, como podría pasar si este proyecto saliera adelante.

Esta federación no es contraria a la creación de un ayudante o auxiliar veterinario que, por otra parte y bajo determinadas circunstancias y ámbitos, puede ser necesario, sino que es contraria a hacerlo de forma desordenada (desde Agricultura para las clínicas y desde Sanidad para los mataderos), invadiendo competencias veterinarias (inspección post mortem) y abriendo la puerta a sustituir y degradar al sanitario en lugar de servirle realmente de ayuda.

Si ha de existir un auxiliar veterinario, su formación y regulación debería estar promovida y controlada íntegramente por la autoridad sanitaria (ya que sería el ayudante de un sanitario superior) y probablemente con estudios universitarios o formación profesional superior. Además, se debería tener en cuenta que jamás invadiera competencias veterinarias, sino que realmente tuviera unas competencias definidas para ayudar al veterinario.

Por lo tanto, Fesvet identifica este Decreto como un grave atentado contra la profesión veterinaria y contra la calidad de la Salud Pública general, y pide a todos los colectivos y asociaciones veterinarias que presionen para que el Gobierno de Aragón dé marcha atrás en este sentido.

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    2697 | Marco Aurelio Sánchez Moreiro - 07/07/2018 @ 12:47:25 (GMT+1)
    Desde SOCIVESC , Sociedad Científica Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria nos unimos a la posición de FESVET y estamos de acuerdo punto por punto con la argumentación con la que se opone a este proyecto de decreto de Aragón.

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